El Gobierno español ha dado luz verde a una medida que permitirá al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa cumplir con un importante compromiso internacional: participar en la ampliación de capital del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), adquiriendo el 3,43% de las acciones emitidas.
¿Qué es el BERD y cuál es su función?
El BERD es una entidad financiera multilateral que nació en 1991, en plena transformación política de Europa del Este. Su misión es facilitar la transición hacia economías de mercado y promover la iniciativa privada en más de 35 países. Los objetivos prioritarios del BERD son el fomento de economías competitivas, inclusivas, verdes y resilientes. Un ejemplo de su labor es el apoyo financiero que ha brindado a Ucrania para la reconstrucción de su economía tras el conflicto.
Participación de España en la ampliación de capital del BERD
La ampliación de capital del BERD ascenderá a 4.000 millones de euros y se llevará a cabo a partir del 31 de diciembre de 2024, finalizando el período de suscripción el 30 de junio de 2025. La participación de España en esta ampliación de capital, que se sitúa en un 3,43%, supondrá un desembolso de más de 137 millones de euros.
Gestión del desembolso por parte de España
Para hacer frente a este compromiso, el Ministerio de Economía ha solicitado la modificación de los límites y el número de anualidades establecidas para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en la aplicación presupuestaria «Instituciones Financieras Multilaterales». Esta modificación permitirá realizar los pagos en 5 plazos iguales de 27.430.000 euros entre los años 2025 y 2029.
Implicaciones de la participación de España en la ampliación de capital del BERD
La participación de España en la ampliación de capital del BERD no solo representa un compromiso con la estabilidad y desarrollo económico de Europa y países vecinos, sino que también refuerza el papel de España como actor relevante en las instituciones financieras multilaterales.
En resumen, la decisión tomada por el Gobierno español no solo tiene una importancia económica, sino también política y estratégica, reafirmando el compromiso de España con la cooperación internacional y el desarrollo sostenible.
